La necesidad de revisar nuestro sistema fiscal
Esta semana hemos conocido los resultados del informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos sobre la competitividad fiscal de España. Los resultados no son positivos para nuestra economía.
El informe presenta los resultados de un estudio elaborado por la Tax Foundation que estima el índice de competitividad fiscal (ICF) para las 38 economías de la OCDE. Esto permite comparar la competitividad fiscal de estos países de manera homogénea. La competitividad fiscal viene definida por tres parámetros: la aplicación de tipos impositivos moderados, la neutralidad (que no distorsione las decisiones de inversores, empresas y familias) y la simplificación de la normativa tributaria. Esto lo analiza para diferentes impuestos (impuesto de sociedades, impuesto de la renta, impuestos sobre la renta, el consumo y la riqueza y las rentas internacionales). Los países con mayor nivel de competitividad fiscal son los que introducen menos distorsiones en la actividad económica y, por tanto, más favorecen el crecimiento.
A partir del ICF, el informe elabora también un indicador complementario, el Indicador de Presión Fiscal Normativa, que se refiere a la forma en la que se define el sistema fiscal y la carga de gravamen que esto supone en las economías al margen de la recaudación generada. Es decir, tiene que ver con el diseño del sistema fiscal en un país y no con la recaudación que genera.
El informe incluye un tercer indicador, el esfuerzo fiscal, que define como la ratio entre la presión fiscal (recaudación impositiva sobre el PIB) y el PIB per cápita de cada país. Este ofrece una medida de la presión fiscal que tiene en cuenta la renta de cada país, de tal manera que una misma presión fiscal sería más gravosa en aquellos países con menores niveles de renta.
Para los tres indicadores, la fiscalidad de España es más desfavorable que la de los países del entorno y, además, ésta ha empeorado en los últimos años. De acuerdo con el ICF, en 2022 España ocupó la posición 34 de los 38 países comparados. En 2019 se situó la posición 23, lo cual supone una pérdida importante de competitividad en un periodo reducido de tiempo. En términos de esfuerzo fiscal, el de España es un 52,8% superior al de la Unión Europea. Se trata de resultados claramente negativos.
La clara conclusión del informe es que nuestro sistema fiscal está peor diseñado, es menos favorable al desarrollo económico, hace que nuestras empresas tengan más dificultades para competir en los mercados internacionales y, además, lejos de mejorar, ha empeorado notablemente en los últimos años.
Podría argumentarse que tenemos peor imposición, pero ésta se traduce en mejores servicios públicos, es decir, un sistema más gravoso supone más recaudación que nos permite disponer de más y mejores servicios públicos. No es el caso. De acuerdo con el Índice de Servicios Públicos elaborado por Fund for Peace, España está también por detrás de países que son también más competitivos fiscalmente. Éste es el peor escenario posible: nuestro sistema fiscal es comparativamente peor y además no se traduce en mejores servicios públicos. En línea con esto, el informe recuerda que en los últimos cinco años, en España se han introducido 54 medidas para incrementar la recaudación vía impositiva y cotizaciones sociales. Esta situación ha supuesto un incremento de la recaudación impositiva de más de 50.000 millones en los últimos cinco años pese a lo cual, España tiene el déficit primario más alto de la Unión Europea.
Los resultados del informe son preocupantes y evidencian que nuestro debate en torno a la fiscalidad, a menudo centrado exclusivamente en torno a la subida o bajada de impuestos, está totalmente desenfocado y muy alejado del análisis serio, profundo y necesario para abordar una reforma fiscal que nos equipare con las economías de nuestro entorno, aquellas con las que competimos.
Desde el punto de vista empresarial es importante modernizar el impuesto de sociedades, ya que los ingresos públicos provenientes de las empresas suponen en España el 32,5% del total frente al 23,9% en el caso de la eurozona. El informe llama la atención también sobre los impuestos de reciente creación y su necesaria eliminación para reducir la complejidad del sistema.
Por todo ello, resulta necesario abrir un proceso de reforma estructural de nuestro sistema fiscal que, basándose en la ampliación de las bases imponibles y la reducción del fraude fiscal, permita reducir la carga fiscal que soportan especialmente las empresas y, con ello, mejorar su capacidad de competir.
Fernando San Miguel Inza
Responsable de Estudios Económicos
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra